Estos días, miles de campesinos piuranos están a la expectativa de lo que resulte de la consulta popular que se realizará el 16 de setiembre sobre la actividad minera de Majaz S.A. en varios distritos de Piura: Pacaipampa (Ayabaca) y El Carmen de la Frontera (Huancabamba). La pregunta que se someterá a consideración de la población, con el apoyo de sus autoridades locales, es: ¿Está usted de acuerdo con que se realice actividad minera en Ayabaca?

La empresa minera aludida directamente es Majaz (propiedad de la firma china Zijin Metais)- Lo cierto es que la minera está de manera ilegal en el territorio de las comunidades de Yanta y Segunda y Cajas. La empresa se hizo de las concesiones y de los permisos de exploración sin contar con la aprobación y permiso de éstas, como señalan las normativas para explotación minera.

Según el JNE de elecciones la consulta es ilegal, según la ONPE sí procede. La Defensoría del Pueblo ha sido enfática en precisar que, si bien su resultado no será vinculante, ni para el gobierno ni para la empresa, la consulta constituye un caso de libertad de expresión y de derecho democrático que no tiene por qué asustar a nadie. Por su parte el presidente A. García, en un exabrupto totalmente fuera de tiempo y lugar, calificó de “comunistas” a todos los que se oponen a la actividad minera y dijo que los territorios ricos en recursos mineros no son propiedad de unas cuantas comunidades campesinas, sino de los 28 millones de peruanos.

Por nuestra parte pensamos que, aunque las tierras del subsuelo son de todos los peruanos, hay peruanos concretos que viven en la superficie de esas concesiones cuya opinión, aunque legalmente no sea determinante, debe ser tenida en cuenta por el Estado y por la empresa con el mismo peso y respeto que si se tratara de los vecinos de San Isidro o La Molina, en Lima. El problema no es, creemos, si estamos a favor de la actividad minera o no, de manera abstracta, ideologizada o principista, sino de analizar, caso por caso, cuáles son los beneficios y perjuicios que esa actividad reportará a los ingresos fiscales para todos los peruanos, pero también a la vida de los ciudadanos que habitan en su entorno. Ni el sí a la explotación minera en cualquier lugar y en cualquier condición, ni el rechazo ciego a tal actividad. Lo que marca la línea decisoria es, sobre todo, qué va a hacer el Estado para vigilar el desempeño de las empresas y evitar que dañen al medio ambiente o que desconozcan los derechos laborales, y cómo va a asegurarse de que la riqueza generada revierta efectivamente –de manera sostenible– en beneficio de la población cercana y en diálogo respetuoso con ésta.

Al respecto conviene señalar que no solo como ciudadanos, sino también para nosotros como cristianos, el cuidado y la defensa del medio ambiente es una causa que tiene profundas raíces evangélicas. Sin ir más lejos, el papa Benedicto XVI, en su habitual audiencia general, el miércoles 5 de setiembre señaló la preocupación de la Iglesia por “la defensa de los recursos hídricos”. En el caso de Majaz, el obispo de la zona, Monseñor Turley, y varios de los agentes pastorales que colaboran con él están siendo víctimas de una
campaña satanizadora y amenazante por respaldar la consulta campesina. Un medio de prensa local los acusa de comunistas, de terroristas, de cambiar el “credo” por la ecología, etc. Desde Signos queremos solidarizarnos con Mons Daniel Turley, el padre Jesús Ramírez Duque y todos los sacerdotes, religiosos y religiosas que fieles a su misión evangélica acompañan a su pueblo en la defensa de la vida.

Quienes calumnian ahora a estos sacerdotes, igual que aquellos que han levantado, en otras ocasiones, acusaciones infundadas, y hasta amenazas, contra Monseñor Barreto, arzobispo de Huancayo, contra el P. Marco Arana, de Cajamarca, contra el jesuita Muguiro en Jaén, y contra otros miembros de la Iglesia, demuestran una absoluta ignorancia sobre la doctrina de la Iglesia respecto al medio ambiente. Harían bien en leer, antes de hablar, el documento conclusivo de la reciente Conferencia de Obispos de América Latina y el Caribe en Aparecida (Brasil), documento aprobado por el Papa. Ahí la Iglesia denuncia que “en las decisiones sobre las riquezas de la biodiversidad y de la naturaleza, las poblaciones tradicionales han sido prácticamente excluidas.” Y constata que “las industrias extractivas internacionales y la agroindustria muchas veces no respetan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones locales y no asumen sus responsabilidades” (66) Más adelante, los obispos latinoamericanos proponen “buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario, basado en una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología natural y humana, que se fundamenta en el evangelio de la justicia, la solidaridad y el destino universal de los bienes, y que supere la lógica utilitarista e individualista, que no somete a criterios éticos los poderes económicos y tecnológicos. Por tanto, alentar a nuestros campesinos a que se organicen de tal manera que puedan lograr su justo reclamo” (474).